Es sorprendente el hecho de que el 95% de estas llamadas extorsionadoras sale de la cárcel , ante esto, el jefe del INPE manifestó que por falta de presupuesto no se puede comprar bloqueadores y ahora solo se limitan a decomisar celulares en los penales del país. Esta situación también se presenta en otras cárceles de Lima donde cada vez, después de una requisa, vuelven a encontrarse los mencionados aparatos. Lo lamentable es que las empresas de telefonía actúan con suma lentitud para levantar el secreto de las comunicaciones y esto impide desbaratar a las bandas extorsionadoras.
Esta modalidad de chantajes se vio primero en Trujillo, pero los cabecillas de las bandas que operaban allá fueron trasladados a otros penales ya en Lima se propagó esta forma de chantaje. Generalmente las víctimas son los comerciantes de los conos, también las empresas constructoras extorsionadas por bandas de construcción civil y los dueños de chifas por la mafia china del Dragón Rojo.
El congresista nacionalista Agustín Molina tiene una propuesta legislativa para frenar esta situación, la cual se orienta a sancionar a aquellas personas que intenten o hagan ingresar al penal armas, municiones, explosivos o celulares. En caso de que sea un servidor del INPE, quien incurra en esta falta, la pena de cárcel sería de 10 a 15 años. Se espera que esto sea debatido en la Comisión de justicia del Congreso. Además la pena se extendería para aquel interno que tenga en su poder estas armas, con una pena no menor de seis ni mayor de 8 años, los cuales se añadirían a su proceso judicial. La aprobación de este proyecto es urgente y necesaria para frenar esta modalidad y la corrupción en los penales.
El año pasado, la institución policial atendió 365 denuncias de extorsión a empresarios y familias, pero esta cifra no incluye otras dependencias.
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