MUJERES ESTERILIZADAS RECLAMAN JUSTICIA

Los programas de esterilización forzosa son políticas de gobierno que consisten en someter a las mujeres a esterilizaciones quirúrgicas. Estos programas se instituyeron en varios países del mundo como parte de programas eugenésicos que tenían como objetivo evitar la reproducción de personas consideradas portadoras de rasgos genéticos defectuosos.

En nuestro país, según los resultados de la Comisión investigadora del Congreso del año 2002, se precisa que entre los años 1996 y 2000 se realizaron 215,227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías efectuadas en un “plan  masivo de salud pública” con la finalidad de  disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres del Perú. La modalidad  que adoptaron fue la de presionar con amenazas de no ser atendidas en los centros de salud, así como la de ofrecer incentivos con alimentos, para que las personas accedan a la esterilización. En ningún momento se les informó debidamente para que cada mujer tome una decisión con conocimiento. De este modo aplicaron procedimientos que no tuvieron en cuenta la dignidad de las personas.

Ahora las víctimas piden justicia porque a  ellas no se les dio a elegir el método de planificación familiar, sino que el personal de salud, actuó sin su consentimiento, privándolas del derecho a la maternidad. Por esto Las organizaciones del colectivo de mujeres, como el Movimiento Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán y la Coordinadora General de Derechos  Humanos, participaron en la mesa redonda “Justicia y reparación para víctimas de Esterilización Forzada” donde manifestaron que desde octubre del año pasado en que se reabrió el caso de Esterilizaciones forzadas, no se ha logrado mayores avances en las investigaciones y pidieron que el presidente Ollanta Humala no las deje en el olvido porque su caso no debe quedar impune. Se tiene en cuenta que además, 18 mujeres murieron a causa de cuadros de infecciones generalizadas ocasionadas por las inadecuadas condiciones en que se realizaron dichos procedimientos.

Ellas  demandan mayor inversión para el sistema de salud pública y mental en las zonas donde ocurrieron los casos, la reparación psicológica, económica y el  apoyo  en obras que les generen ingresos, así como el derecho de las  mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Mientra tanto, hay expectativa de que  las investigaciones continúen con la mayor independencia, sin presiones del Congreso, especialmente del doctor Aguinaga quien está involucrado en el caso.