ENTREVISTA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL

César Sánchez Olivencia

Licenciado en administración de empresas
Maestría en gerencia pública
Periodista
Egresado de derecho y ciencia política
Especialista en  proyectos de inversión pública, contrataciones del Estado y Mypes
25 años de experiencia como funcionario público
Docente universitario

1.     El Presidente Ollanta Humala ha señalado que su gobierno pondrá énfasis en la Inclusión Social. En su opinión ¿Qué tipo de inclusión social necesita el Estado para lograr su desarrollo?

El problema que debe afrontar un jefe de Estado que aspira al cambio es que el gobierno, el Estado e inclusive la sociedad, desde 1821 están organizados y funcionan para la exclusión social. Por eso, en 2012 no se puede decir de repente: “Hola gobierno, he decidido implantar la inclusión social”; pero manteniendo la misma macroestructura y microestructura del complejo aparato estatal con el mismo estatus y modus operandi.

Tampoco se puede decir: “Hola Estado, desde ahora eres una entidad jurídica innovada con una nueva norma  (que ni siquiera la conoce la mayoría de peruanos)”. Y aunque parezca mentira, ni siquiera se puede decir: “Hola sociedad, (niveles socioeconómicos  C, D y E) ya sabes que tienes que hacer esto o aquello porque  te favorece…” Si esto fuese tan sencillo, no existirían solo 86,606 Mypes formales de un total de más de 3 millones, a pesar de los incentivos y beneficios para su formalización.

La inclusión social no interactúa con criterio cortoplacista, sino que debe tratar la pobreza estructural con  orientación Integral, transversal y horizontal. Tiene que considerar que existen dos clases de pobreza estructural: la de la costa que se ha beneficiado más o menos con  el crecimiento;  y la de la sierra -en especial- que casi nunca recibió nada aunque le falta casi todo. Y éste es un trabajo difícil de realizar en solo 5 años de gobierno.

Se trata de pobreza de alto grado donde la gente no tiene sueldo, ni agua, ni desagüe, ni educación, ni salud, ni comunicación, ni esperanza, donde las cifras del PBI y el IPC son engañabobos; y aunque Bill Gates opine que tienen un ingreso promedio de 10 mil dólares, los niños y ancianos se mueren de hambre  todos los días de Dios con solo 2 soles diarios. Es decir no tienen en qué caerse muertos.

La función social del Estado se cumple cuando un gobierno decide poner en práctica el Art. 1º de la Constitución Política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. ¿Qué mejor defensa y respeto que la inclusión del hombre en la vida de la sociedad? Con ocho meses de gobierno, el tema  de la inclusión social y el apoyo social productivo deben estar definidos en forma estratégica y operativa.

El presidente Humala coincide con este precepto cuando  declaró hace pocos meses: “Pasemos del  asistencialismo al apoyo social productivo”. La frase es firme y clara. y marca el inicio del camino por el que debe atravesar el proceso de inclusión social a favor de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Aquí vale la frase de John Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

2.    ¿Cuál es la herramienta clave para la inclusión social de los sectores de pobreza y de pobreza extrema?

Hablemos previamente de lo que no se debe hacer. Puede resultar un fracaso la ejecución de proyectos de inclusión  si se inspira en el ritmo y orientación del tristemente recordado modelo del PAIT, que sólo sirvió para gastar los recursos del Estado en acciones no productivas, con el vano propósito de dinamizar la economía del país. No olvidar que  el corto plazo y la improductividad no son políticas inclusivas.

En el caso que comentamos, los programas o proyectos que deban pasar por el SNIP, tienes que ser respaldados por una legislación que facilite la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, con orientación productiva. El SNIP en el pasado  quinquenio 2006- 2011, interactuó en medio de barreras casi infranqueables que impidieron no solo la elaboración, sino la sola idea de inversión  productiva.

La ley, reglamento y directiva del SNIP se orientaron a  impulsar los proyectos no productivos y algunos se pasaron de listos para lograr aprobar proyectos tontitos como el triste “monumento a la Maca” Muchos proyectos fueron rechazados porque la metodología y normatividad del SNIP impedía aprobar proyectos de inversión pública productivos, salvo en ciertos casos que no podían aplicarse en la mayoría de regiones del país. Es que los proyectos productivos son más difíciles de concebir y ejecutar. Demandan más tiempo, dinero y esfuerzo burocrático.

El modelo de economía de mercado  no permitía la función tuitiva del Estado para generar la inclusión socioeconómica. Así, anteriores gobiernos transformaron la lucha contra la pobreza en un simple programa de asistencia social, con apoyo económico limitado, asistencia técnica y capacitación, charlitas y muchos diplomas y ceremonias (¡Viva el presidente¡). Entonces hay que impedir que la exclusión social prosiga negando a los pobres el derecho a acceder a bienes y servicios, participar en la vida social,  gozando de un mejor nivel de vida material y espiritual.

El Mindis tiene un problema de modelo que resolver. Puede tratar de convertir los programas de asistencia a programas de inclusión y articularlos para que la población pueda aceptarlos con agrado (tal como acepta el programa “al fondo hay sitio”), y se olviden de que son programas sociales con resultados  no inmediatos.   Conscientes de que esta fórmula demanda más tiempo, dinero, esfuerzo y talento, que son recursos escasos en el Sector Público. La historia enseña que sus impulsores deben tener conocimiento, experiencia, productividad y honestidad. Ni más ni menos.

Lo que requiere menos trabajo es combinar programas asistenciales (que tienen más o menos el 60% del presupuesto) con programas más inclusivos, para “dorar la píldora” y que la población pueda consumirlos con más interés. En cualquiera de las dos formas el modelo demandará una licencia social de los beneficiados, sino arderá Troya. Que el nuevo producto les guste como el arroz con pollo. Es un proceso gradual y laborioso de mejoras sinérgicas de programas sociales, que requiere organizar y diseñar procesos. Hay que poner a correr al Sinadis con mística y acción constante.

El modelo de gestión social de esta naturaleza y con objetivos de inclusión social, puede girar en los  ejes siguientes: La readecuación del marco legal involucrado en el sistema, la reorganización de la institucionalidad del Estado, la democratización y modernización de la gestión social, la reorientación de las políticas sociales, la reingeniería de procesos en prestaciones sociales. Se trata de hacer un buena reingeniería social, con todo lo que esta metodología implica.

En primer lugar la inclusión social en marcha, enfrenta a la exclusión social que es un fenómeno estructural de carácter histórico que ha generado  las desigualdades sociales, la pobreza y la marginación, y cíclicamente agudizadas con la implantación de modelos económicos liberales, donde la economía social de mercado solo se quedó en economía de mercado. Por eso, cualquier proceso de inclusión social debe diseñarse y aplicarse de manera integral, horizontal y transversal.

3.     ¿Es viable la inclusión social, tal y como lo está asumiendo el gobierno del Presidente Humala?

La pregunta de motivación podría ser la siguiente: ¿Existen en el Perú funcionarios expertos y/o que les guste la inclusión social en vez de “cerrar el quiosco”, celebrar cumpleaños con muchas cajas de cerveza? No es necesario que aparezcan como abejas en el panal. Lo realmente imprescindible para impulsar con éxito el proceso de inclusión social es que exista la visión compartida de inclusión social. De lo contrario el pobre Pepe Gómez que se le ocurra hablar de inclusión social a sus compañeros de trabajo en cualquier ministerio -incluyendo el Mindis- podría ser calificado de “El cojudo Gómez.

En este proceso de inclusión social, la estrategia es fundamental y las operaciones son decisivas. El proceso que ha iniciado el gobierno del presidente Humala no llegará  a tener impacto social de no cumplirse con estas condiciones. En términos epistemológicos, no se trata de definiciones, sino de conceptos, que deben estar debidamente posicionados en los potentes cerebros de miles de  funcionarios y servidores públicos.

La razón es que este complejo proceso de inclusión social tiene   que ser necesariamente integracionista, horizontal y transversal. La inclusión social es un  medio y no un fin. El propósito es alcanzar la justicia social y la finalidad es procurar el bienestar general de la población. Los supuestos esconden peligros, porque tienen muchas variables extrañas. Ya se ha visto los efectos en otros procesos sociales ocurridos en diversos países del mundo.

Se trata de comprender que las actividades y acciones tienen que ser orientadas al mismo objetivo: incluir en forma sostenible a las personas en el sistema que actualmente los mantiene excluidos. De no ser así, sólo se trataría de una simple asistencia social: una repartición de los panes y los peces por única vez, y luego arrastrar el hambre durante muchos años d.C.

La visión de la inclusión social  debe ser sistémica. Ha de tocar el poder de la exclusión en su parte más sensible. ¿Estamos conscientes que se trata de una lucha entre lo viejo y lo nuevo? La desventaja es que se inicia sin libertad suficiente para hacer y deshacer esto y aquello, porque existen restricciones que el gobierno, con el criterio equilibrado de la hoja de ruta, ha decidido respetar y hacer respetar.

4.     ¿Qué características debe reunir la inclusión social para que pueda mejorar la situación de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema?

En primer lugar tiene que producir un impacto social positivo, medible y sostenible en el tiempo en un horizonte de largo plazo; pero con progresivos resultados inmediatos. Vale decir el planeamiento estratégico aplicado por expertos  Este es el marco lógico de la inclusión social.

5.     ¿Y cuál es el know how para lograr este efecto?

Se trata de beneficiar a grupos-objetivos con oportunidades y consecuciones, que los reposicione desde una posición socioeconómica inferior hasta un nivel superior, que permita al ser humano, disfrutar de una mejor calidad de vida social. Dicho de otro modo, que se produzca un impacto social entre los marginados por el sistema excluyente.

No hablamos de clase social, ni de niveles socioeconómicos (NSE). Sólo se refiere a que la esperanza se convierta en realidad paso a paso, sin que el pueblo tenga que esperar 50 años al estilo de la revolución bolchevique o de la revolución cubana.  Que el inteligente puneñito,  Jhonny Mamani Quispe, pueda licenciarse en la del Pacífico, hacer un posgrado en  ESAN, y obtener una maestría en Harvard. (¡Clonar la  suerte de Toledo¡).

El problema es que este impacto no debe ser un disparo a ciegas. Debe acertar en el blanco con precisión, y para saberlo,  el impacto debe ser medido por resultados, partiendo de una línea de base, a través de un sistema de monitoreo, supervisión y evaluación permanente. ¿Quién cómo y cuándo se debe hacer? Es la tarea  operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La duración de la medición no debe ser  un Año Fiscal, ni  el Quinquenio 2011-2016.  Tiene que ser  un proceso permanente y sistemático de mediciones, que permitan realizar los ajustes y reajustes tácticos, orientados al logro de los objetivos de los ejes estratégicos del Plan de Inclusión Social, en un horizonte de evaluación acorde con el Plan Estratégico Nacional 2011-2021 del CEPLAN y del Acuerdo Nacional.

El resultado de la evaluación permanente del avance de las acciones, tiene que llevar a realizar cambios en el marco legislativo. Así ha sucedido con las experiencias en algunos países que aplicaron estas medidas para reducir la pobreza. Ecuador y Brasil son  ejemplos   de los problemas que se presentan en  la praxis de la inclusión social.

De otro lado, los paradigmas tradicionales de intervención social, tendrán necesariamente que modificarse o suprimirse, y las soluciones se obtendrán de la realidad, con la idea de adaptar la teoría a la práctica y no al revés, porque sería el camino más directo al fracaso. Y como dijo el presidente Humala, inspirado en Mariátegui: “No haremos calco ni copia”.
En estas circunstancias, -con el inevitable método de ensayo y error- el gobierno tendrá que hacer primar los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos. “No sólo de pan vive el hombre, pero sin pan no podrá vivir”. Este grito no saldrá de Palacio de Gobierno, sino de la base social del Perú. Así tendrá que ser para evitar que el conflicto histórico del pan con libertad,  se convierta en violencia histórica del pan sin libertad.

6.     ¿El presidente Humala puede ser el líder de la inclusión social?

Sin duda es el líder. El problema es que un jefe de Estado no puede tener el control de todo el gobierno. Con el correr del tiempo -como es lógico- va delegando y confiando la responsabilidad  a sus ministros y colaboradores: la burocracia en sus diversos niveles. La inclusión social no se debe manejar a través de informes en el Consejo de Ministros. Debe haber  una evaluación por resultados. El tiempo pasa sin piedad. Todo depende de los cuadros técnicos del gobierno. Para bien o para mal.

Si tiene dudas, agarre su calculadora. El resultado es que ya no cuenta con 1,825 días para gobernar (365 días  x 5 años); solo restan 865 días netos hasta el 2016; descontados los 8 meses de gobierno, futuros sábados y domingos, feriados largos, celebraciones diversas y etcéteras del Sector Público. ¿Se podrá percibir la inclusión social en este tiempo? Recordemos la frase que “glorificó al expresidente Toledo: “el crecimiento no chorrea…” Y conste que no se propuso cambiar el mundo ni cosa que se le parezca; simplemente intentó administrar la economía. Sus méritos -como es obvio- le valieron un premio del sistema.

La función del poder que ejerce un jefe de Estado no es total ni siquiera en el Poder Ejecutivo. La causa es que existen instituciones con autonomía, sobre las cuales el poder se ejerce de manera relativa. En el nivel de los organismos públicos descentralizados, el control de la PCM se debilita a medida que se alejan del ente rector. Es que no se trata de un gobierno monárquico sino de un gobierno democrático.

Asimismo, los programas y proyectos trabajan con su propia lógica. Las empresas estatales de derecho público y las empresas de derecho privado (Fonafe) y las universidades no pueden informar todo lo que hacen y lo que no hacen. Como es obvio, el presidente de la República tampoco manda en los otros poderes del Estado ni en los gobiernos regionales ni locales. Son gajes del oficio democrático. Y la gestión se hace más difícil aún si no existe un control permanente y sistemático.

La idea  es que el Estado pueda dejar el modelo de asistencialismo y se convierta en apoyo social productivo. Es decir, brindar trabajo para que pueda insertarse en el proceso de la producción. Este enfoque  identifica dos problemas que el Ejecutivo tiene que resolver para que el programa tenga éxito a nivel nacional.  El primero es que es difícil cambiar un modelo asistencial en productivo, si la normatividad en general es la misma que regula el sistema asistencialista.

Las políticas tienen que ser orientadas de manera transversal en su legislación y ejecución. Los procesos en el Estado pasan por una maraña de normas que reducen la velocidad y el impacto de los procedimientos, evacuando un resultado diferente a los objetivos y metas propuestas por las políticas del Estado. Esto es cosa de todos los días en el Sector Público. Y esto no solo debe pasar por el Mindes sino por el Sinadis, que se crea con esta cartera.

En segundo lugar, los ejecutores de las acciones (¿quiénes son?) deben asumir el compromiso de realizar los objetivos conforme a las políticas del Estado y mantener una visión de conjunto para ejecutar la misión de realizar la inclusión con efecto permanente y sistemático, para lo cual deben tener la sostenibilidad que les permita mantenerse en un horizonte de largo plazo.

7. ¿Cómo ha sido el crecimiento económico del Perú en los últimos cinco años?
       El crecimiento económico es un concepto que debe ir ligado al  desarrollo económico. Si queremos terminar con la desigualdad de oportunidades, debemos formular mediciones sobre los efectos del impacto social del crecimiento en los niveles socioeconómicos C, D y E, que constituyen la base de la pirámide social en nuestro país. El solo crecimiento económico nos convertiría en administradores de la crisis del subdesarrollo, que al final llevaría a malestares, conflictos y violencia social. No es una buena inversión pauperizar a la población para presentar cifras en azul.

Un padre de familia no puede un día llegar a su casa y decir: a su esposa y cuatro hijos: “he logrado otro aumento de sueldo; ahora nuestros ingresos son de S/. 240,000 anuales. Pero el padre es muy ahorrador y solo  gasta 10 soles para el diario, no paga la pensión de la universidad ni del  colegio de sus hijos, se visten con ropa  vieja y sucia, no acuden al médico…Sin duda que el padre registra un crecimiento económico envidiable pero la situación de su familia es precaria. Existe una desigualdad entre los que gana y el nivel de vida de su familia. ¡Qué familia¡…¡qué país¡
El Perú en el quinquenio pasado ha logrado un nivel alto de crecimiento económico con un producto bruto interno superior a muchos países de la región. Se pueden revisar las cifras del MEF.

8. ¿Cómo debería apoyar el gobierno a las MYPEs para que éstas se fortalezcan?
Digamos que en Chile, Las empresas inclusivas son un modelo de negocios rentables, donde las empresas incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos, mejorando su calidad de vida. Que esto nos sirva para pensar no para copiar. El apoyo financiero es inevitable.

Se ha podido comprobar en la praxis que la desigualdad social es el resultado conjunto de factores de responsabilidad individual y de circunstancias situadas más allá del control de las personas.  En su Teoría de la Justicia, John Rawls  describe apropiadamente este fenómeno. Una política de igualdad de oportunidades no sería suficiente para  revertir la desigualdad. La redistribución  tendría que ser más proactiva y constituirse en política de Estado.

Para resolver el problema de las Mype, (micro y pequeña empresa) pienso que se debería proteger más a la microfinanzas, porque es la provisión de servicios financieros a personas de bajos ingresos, operación que también conlleva el fortalecimiento de las relaciones humanas en la familia y la comunidad, promoviendo el diálogo entre el Estado y la sociedad civil, fomentando las soluciones comunes para el grupo social organizado. Es una doctrina social del Estado.

El Estado debe organizar la articulación de los diversos niveles, para facilitar el apoyo de las instituciones de microfinanzas en beneficio de los emprendedores. Préstamos blandos que no exijan los mismos requisitos que la banca comercial. Mejorar las microfinanzas es mejorar las microempresas. En el Perú, las pequeñas empresas son solo 58 mil, mientras que las microempresas llegan a 3 millones 323 mil unidades.
Las microfinancieras son instituciones benéficas, sin espíritu de lucro. Su finalidad es que los pobres logren su desarrollo social y económico en forma sostenible. Una diferencia fundamental con la banca comercial es que ésta exige, entre otros requisitos: una garantía de propiedad, documentación formalizada, altos intereses y no prioriza a los empresarios de la microempresa.

Para hacer posible todo esto se requiere que el Estado cumpla un rol regulatorio con un carácter tuitivo. Las Instituciones conocidas como micro y pequeñas empresas necesitan una legislación que les permita desarrollar sus operaciones sin hacer frente al poder de la banca comercial. Felizmente, la comisión de producción, micro y pequeñas empresas y cooperativas del congreso de la República tiene un proyecto de ley de Fomento y Promoción de la Empresa Inclusiva, que incluye novedades en provecho de las Mype.

También se propone la creación de  un organismo regulador de la empresa inclusiva, -en el marco de la nueva ley que se promulgaría- que controle el accionar y transparencia de estas instituciones. De otro lado, es necesario un Fondo para Programas de Microcréditos. El Estado debe proteger a los prestatarios, mediante la fijación de niveles máximos a las tasas de interés de los créditos. No se debe olvidar que se trata de una lucha contra la pobreza.

Muhammad Yunus, el fundador del Grameen Bank “Banco de los Pobres”, y premio Nobel de la Paz 2006, sostiene que las Microfinanzas deben ofrecer servicios financieros a los más pobres y con bajo interés. Asimismo, plantea que es necesario diversificar los servicios financieros incorporando actividades de seguros, salud y educación. Las instituciones de microfinanzas son decisivas para el futuro de la E.I. en el Perú.

9. ¿Podría decirse que el crecimiento económico del Perú en los próximos cinco años está asegurado?

Yo me limitaría a preguntarle al ministro de Economía y Finanzas si el crecimiento económico estaría asegurado este año 2012. Cualquier respuesta sobre el futuro después de esta fecha sólo sería una probabilidad no una certeza. Sin embargo, mi convicción en materia de crecimiento económico es que las cosas saldrán okay como  espera la mayoría de peruanos.