El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la administración pública, es una modalidad de contrato, mediante la cual una persona natural presta servicios de manera no autónoma; es decir de manera dependiente, sin que ello implique un vínculo laboral con la entidad. Entró en vigencia desde el 29 de junio del 2008, siendo sus normas de cumplimiento obligatorio y su aplicación a todas las entidades públicas.
Desde entonces, la implantación del CAS siempre generó el reclamo de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, ya que no gozaban de los mismos derechos que los nombrados.
Hace pocos días, el gobierno oficializó la ley que contempla la eliminación progresiva del CAS a partir del 2013, con la derogación del Decreto Legislativo N° 1057 y la implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil. Esto favorecerá la situación de los 180,000 trabajadores que pasarán a la planilla estatal. El trabajador tendrá 30 días de vacaciones, aguinaldos por Fiestas Patrias y por Navidad, licencia con goce de haber por maternidad y paternidad y libertad para afiliarse a un régimen de pensiones y a sindicatos.
Al respecto, surgieron algunas declaraciones como las del expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, quien declaró que el este organismo aceptó el CAS en su momento, considerando que más adelante debía terminar y que los derechos fundamentales no podían desconocerse, recalcó además, que hay un mérito en poner una fecha de inicio de ingreso al régimen ordinario a partir del 2013, algo que no estaba contemplado en el fallo del Tribunal.
Sin embargo, hay otras reacciones como las de algunos sectores que muestran cierta disconformidad, porque su pedido se basaba en la incorporación de los trabajadores al Decreto Legislativo N° 276, donde efectivamente se les reconocen sus derechos y su estabilidad laboral.
El congresista Rodríguez Zavaleta, por su parte, resaltó que dicha Ley no contempla la incorporación automática del trabajador al nuevo régimen, tal como se aprobó en un proyecto inicial, tampoco toma en cuenta los años que el servidor ha estado en el CAS en el caso de un concurso público. Esto especialmente le pareció injusto.
El cumplimiento de lo aprobado depende de los procedimientos que se den y del compromiso de quienes tienen competencia para hacerlo rápido y factible.
Lo cierto es que en el Perú, como en cualquier país donde se conculcan los derechos, dos personas que realizan el mismo trabajo reciben diferente trato, todo un absurdo teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad viene desde las conquistas de la Revolución Francesa. Y lo más difícil de entender es el hecho de un gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de eliminar ciertas ofensas a la dignidad de un sector de los trabajadores peruanos como el CAS, contribuya a eliminarlo pero a medias.
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